Además de la reestructuración territorial, el Parlamento aprobó el martes la decimoquinta prórroga del estado de excepción que rige desde marzo de 2022 y que permitió detener a unos 65 mil presuntos miembros de pandillas. El estado de excepción habilitó al gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías constitucionales, desplegando militares en las calles, extendiendo el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días y prohibiendo el derecho a reunión. La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch o Amnistía Internacional alertaron sobre las "evidencias graves" de abusos a los derechos humanos desde que rige el estado de excepción. El gobierno, por su parte, hace oídos sordos a las críticas y se centra en las cifras de reducción de homicidios. "Enero cerró con 22 días sin muertes a causa de la violencia y febrero lo hizo con 21 días. En marzo se registraron 20 días sin homicidios, mientras que en abril se acumularon hasta 24 días sin asesinatos, siendo el mes más seguro en la historia de El Salvador. Mayo cerró con 18 días sin asesinatos y junio acumula diez días", según la página web del Congreso.