El destituido expresidente Pedro Castillo continuará en prisión. Ese jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su prisión preventiva por 18 meses, tal como lo había pedido la fiscalía. Castillo no participó en la audiencia virtual. Tampoco lo hizo su abogado, Ronald Atencio, que un día antes había denunciado que se estaba violando el debido proceso y el derecho a la defensa del expresidente, la cual asumió un abogado de oficio. El fiscal también había pedido prisión preventiva contra el exjefe del gabinete ministerial Aníbal Torres, quien era asesor de Castillo en el momento del frustrado intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso y es sindicado por la fiscalía de haber participado en esa decisión. Pero el juez negó ese pedido y ordenó comparecencia con restricciones: no podrá salir de Lima sin permiso judicial. Hace unos días, Torres había anunciado que pasaba a la clandestinidad. Frente al cuartel policial donde Castillo está detenido, seguidores del expresidente exigían su libertad durante la audiencia. De otro lado, el gobierno anunció el retiro de sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Bolivia, en protesta por el apoyo de esos países a Castillo. La fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración por haber ordenado el cierre del Congreso el pasado miércoles siete, poniéndose al margen de la Constitución. Esa orden de Castillo no se llegó a cumplir. Se quedó solo y cayó. Esa decisión de cerrar ilegalmente el Congreso fue tomada por Castillo horas antes de presentarse ante ese mismo Congreso para responder a un proceso para destituirlo por supuesta incapacidad moral. Era el tercer intento de la derecha parlamentaria de derrocarlo por esta vía. También habían intentado destituirlo con una absurda acusación de traición a la patria que naufragó por falta de sustento.