El Congreso aprueba la ley de Punto FInal, impulsada por el presidente Raúl Alfonsín. La idea es limitar en el tiempo las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. A partir del momento de la sanción de la norma se abre un plazo de 60 días para presentar denuncias contra militares por la represión ilegal. Pasado ese lapso, ya no se puede accionar judicialmente. El plazo vence el 22 de febrero de 1987. A partir de allí, se empieza a acelerar la acción de las cámaras con una catarata de citaciones que generan malestar en los oficiales. Se crea el clima que llevará, en abril de 1987, al alzamiento de Semana Santa.