Los abogados que alegaron este martes a la mañana dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro -ni una sola- fue financiada por el Estado nacional. O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.