Perú pide justicia. Cuarenta y seis personas fueron asesinadas en un mes de protestas. Comenzaron cuando asumió Dina Boluarte el pasado 7 de diciembre y nadie sabe ahora cuándo podrían terminar. Ocurren en particular en el sur del país, andino, marcadamente indígena, lejos en todo sentido de Lima, donde se encuentra el poder central en su edificación virreinal. Dieciocho de las 46 muertes tuvieron lugar esta semana: ocurrieron en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, de mayoría aymara, vecina de Bolivia, en lo que fue la masacre más grande desde el inicio de la crisis. La anterior ocurrió en Ayacucho el pasado 15 de diciembre donde fueron asesinadas 10 personas. Ahora marchan con ataúdes de cartón con los nombres de las víctimas por las calles de la capital, Huamanga. “Puno, Juliaca, Ayacucho está contigo” dicen mientras avanzan por la ciudad a 2.760 metros, rodeada de montañas y barrios empinados. Es el segundo día de paro consecutivo y todo está cerrado: las 33 iglesias, los mercados de puca picante, ceviches y artesanías, los comercios, y el transporte que casi no circula. Una ciudad detenida, como varias en el sur país, mientras nuevamente ocurren represiones, esta vez con mayor fuerza en Cusco con varios manifestantes heridos.