Otro defensor dejó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en un asombroso offside. Es que los acusadores sostuvieron en su alegato que los expresidentes de la Agencia General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz esquivaron los controles evitando designar un síndico que verifique todo lo realizado por el organismo vial santacruceño. Supuestamente así se liberaban las manos para beneficiar a Lázaro Báez. Pero la defensa de dos de esos expresidentes de la AGVP los dejó literalmente pagando. El abogado Miguel Angel Arce Aggeo exhibió este martes en el juicio una ley de 1991, de la legislatura de Santa Cruz, que eliminó el cargo de síndico de la AGVP y les derivó el control a otros tres organismos, en especial al Tribunal de Cuentas provincial. Además, intervienen también la Contaduría General y la Fiscalía General, responsables de revisar todas las operaciones. La cuestión es de máxima importancia porque el Ministerio de Economía de la Nación mandaba los fondos a la tesorería general santacruceña, que recibía los certificados de obra de cada tramo y les hacía la transferencia a las contratistas. Esta última parte del proceso, entonces, no estaba exento de controles sino sujeto a tres distintos: Tribunal de Cuentas, Contaduría y Fiscalía. Lo contrario de lo que dijeron Luciani-Mola.