En la filmación que recorre el mundo se observan filas y filas de pandilleros rapados, con sus torsos desnudos y sus tatuajes característicos, caminando en cuclillas y luego apilados uno al lado del otro, como en un campo de concentración. "Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población", señaló Bukele al presentar el traslado de los primeros dos mil pandilleros hacia una cárcel con capacidad para albergar a unas 40 mil personas. Aunque el "populismo punitivo" que defiende el carismático presidente encuentra respaldo en la mayoría de la población salvadoreña, cansada de soportar décadas de extrema violencia, para expertos y organismos de derechos humanos la estrategia no es más que un peligroso parche en el corto plazo. "La capacidad de generar más cárceles nunca va a ser una respuesta integral a la situación de violencia y, por tanto, estos centros se plantean como centros de castigo y no necesariamente como centros de rehabilitación y reinserción de las personas que han cometido delitos. Esto puede llevar a graves violaciones a los derechos humanos", explica a PáginaI12 Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).